El todavía dueño de los Angeles Clippers, Donald Sterling, parece que no tiene la intención de abandonar el mundo de la NBA sin armar antes un poco más de ruido. El abogado ha respondido enérgicamente a las acusaciones del Comisionado Adam Silver, armas con las que pretenden rescindir su contrato de propietario, mientras que su ex-esposa, Shelly Sterling, se está moviendo con celeridad para tratar de vender el equipo antes del final de la semana.
En un escrito de 32 páginas, Sterling afirma que es «ilegal» que la liga le obligue a vender su franquicia, alegando que ello significaría un impuesto «atroz» y culpando de su expulsión a una «discusión de pareja» desafortunada.
El abogado de Sterling, Max Blecher, dijo el martes a ESPN que su cliente «va a pelear hasta el maldito final» y que efectivamente ha «desautorizado» el acuerdo que alcanzó con su esposa la semana pasada, que le permitía negociar la venta del equipo.
«No sé que clase de acuerdo tiene con ella, pero yo te digo que, a día de hoy, mi cliente desautoriza cualquier cosa que esté tratando de hacer Shelly para vender el equipo», explica Blecher, según el cual en palabras de Donald Sterling, es su equipo «y solo yo decidiré si lo vendo, cómo y cuándo».
Pierce O’Donnell, el abogado de Shelly Sterling, emitió un comunicado el martes diciendo que su cliente tenía un acuerdo por escrito con su marido para vender el equipo y que «ella y la NBA están trabajando conjuntamente en la transacción».
El equipo está en venta desde hace días
Shelly Sterling ha recurrido al Bank of America para que le ayude en la venta de la franquicia. ESPN comunicó el domingo que existen al menos seis grupos interesados en la compra del equipo, entre ellos figuran nombres como el ex-director ejecutivo de Microsoft Steve Ballmer, la polifacética Oprah Winfrey y un grupo del que forma parte el ex-jugador estrella Grant Hill.
Sin embargo, la situación no parece pintar tan oscura como hace una semana para uno de los personajes menos queridos a día de hoy en el mundo del basket. Blecher añadió «Creo que lo que están haciendo es una invasión flagrante de sus derechos constitucionales porque están usando una grabación que él no consintió, y amparado en las leyes de California, esa grabación no puede ser utilizada para ningún fin, ni en cualquier procedimiento. Así que, si la base en la que se sustentan es la prueba ilícita, no tienen mucho que hacer… Todo esto es un montón de basura«.