La decisión de la NBA de cambiar de escenario el All-Star de 2017 cayó como un jarro de agua fría para Charlotte y para sus Hornets. Tanto ciudad como franquicia habían trabajado junto a la NBA para conseguir modificar la ley estatal (HB2) que prohibe ordenanzas municipales anti-discriminación. Precisamente, fue una iniciativa de Charlotte para evitar que sus ciudadanos de la comunidad LGBT pudieran ser discriminacios por su preferencia o identidad sexual la que provocó la reacción del senado de North Carolina y la aprobación de la polémica ley HB2.
Según el Charlotte Observer, el impacto previsto en la ciudad si se hubiera celebrado el All-Star, contando especialmente los miles de visitantes que hubieran llegado para el evento, rondaba los $100 millones. Pero la NBA ha intentado amortiguar en lo posible el golpe para Charlotte y su equipo. Por ello, a liga ha decidido no abrir solicitudes todavía para el All-Star de 2019, reservandolo para Charlotte (el de 2018 ya está adjudicado para Los Ángeles). El presidente de los Hornets, Fred Whitfield, aseguraba que «nos han asegurado que, si la situación de la ley HB2 se soluciona, lo albergaremos (el All-Star)».
Sea como sea, la situación política en North Carolina está enquistada. Los principales dirigentes de la mayoría republicana (promotores de la ley HB2) y el propio gobernador Pat McCrory fueron especialmente duros con la NBA por su decisión. McCrory acusó a «los medios liberales» y a «intereses especiales de izquierda» de haber «calumniado» a North Carolina por esta ley, dejando claro que no piensa modificarla. Todo dependerá con bastante seguridad de las elecciones estatales (incluyendo la del gobernador) que se celebrarán en noviembre de este año, coincidiendo con las presidenciales. Un cambio de gobierno y una modificación o eliminación total de la polémica ley devolvería de rebote al All-Star a Charlotte con dos años de retraso.